La democracia se tiñe de tiranía


La voz del pueblo es la voz de Dios, es al menos un adagio de las culturas populares, sin embargo en Colombia dicha frase no aplica. ¿Cómo definir un Estado donde la teoría y la práctica no se conmutan?, donde la democracia  y las leyes aplican para unos cuantos, y la pregunta es ¿Dónde está el pueblo?
Definir el pueblo no como lugar sino como fenómeno participativo de un Estado, resulta algo complejo de determinar, solamente se podría resumir que el pueblo es la misma ley, pero esta ley, esta codificada bajo ciertos parámetros. Colombia es un Estado donde la ley, existe para castigar pero no para corregir, donde siempre tiene ese rol estigmatizaste e ideológico donde no obra el argumento como palabra, sino los ataques de una nobleza que se visten de duques.
La constitución política en su artículo 40 establece  que puede elegir y ser elegido, sin embargo, el Estado en su arbitrariedad decide anular la voz expresada por ocho millones de ciudadanos en las urnas.
Gustavo Petro, actual Senador de la República de Colombia, desde que se postuló como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, ha tenido grandes problemas en sus administraciones, donde ha llegado a demandar al Estado, por extralimitarse en sus funciones.
En el año 2012, cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, fue destituido por 18 años, por el  ex procurador y actual ministro ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, por mal manejo que se brindó a los residuos sólidos de la ciudad, generando problemas ambientales, sin embargo, en el año 2017, la Corte Constitucional, anuló dicha orden emitida por el ex procurador.  Terminadas las elecciones, la Comisión Nacional Electoral (CNE), le negó la personería jurídica, a la Colombia Humana, liderada por el actual Senador, aun sabiendo que ganó por 8.029.080 votos, por un 43%, pero la (CNE), afirma que el candidato ganó con otro nombre jurídico, ¿será que Gustavo Petro, que lleva cerca de 20 años haciendo política haría semejante error de principiante?, no obstante los problemas que conllevan son: perdida de investidura y el no poder contar con ningún candidato que pudiese representar al partido de Gustavo Petro, pero el Senador se unió al partido político llamado “Los Decentes”, pero Carlos Felipe Córdoba, actual contralor decide desarchivar el caso de Gustavo Petro, ahora con el tema del transporte público en Bogotá, y se le impone una multa de 218.000 millones de pesos.


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